El proyecto impulsado por el Gobierno busca reducir la intervención del Estado sobre el Banco Central y limitar algunas de sus funciones actuales. Entre las modificaciones se encuentran la eliminación de adelantos transitorios al Tesoro y mayores restricciones para financiar al Gobierno mediante operaciones con deuda pública.

Pero la reforma también impacta sobre herramientas que pueden tener consecuencias directas en las economías regionales. El BCRA perdería la posibilidad de orientar políticas de crédito específicas para pymes y actividades regionales, además de dejar de intervenir en la apertura y cierre de sucursales bancarias.

El análisis advierte que esto podría perjudicar especialmente a localidades pequeñas donde la actividad bancaria resulte poco rentable. Los legisladores provinciales que apoyen el proyecto, señala la nota, estarían avalando también la eliminación de esas herramientas de intervención y desarrollo territorial.